VIDEO PUBLICADO EN PÁGINA 12
jueves, 26 de marzo de 2026
viernes, 20 de marzo de 2026
NOTAS PERIODÍSTICAS
50 años del Golpe - EL CIUDADANO
En 1980 les arrancaron a los padres y al hermano mayor. Seis hermanos quedaron solos en una casa a la vera de la ruta. La mayor tenía 12 años, el más chico era un bebé de un año y medio. Ahora, por primera vez, la Justicia argentina juzgará el abandono de esas infancias como delito de lesa humanidad. La familia Páez-Medina espera el juicio con una mezcla de expectativa y desgaste. "Se me fue la vida en esto", dice Mario que cumplió 15 años en un centro clandestino de detención
14 de febrero de 1980
Era jueves. Catalino Páez tenía 40 años recién cumplidos. Con su esposa Juana Medina venían deambulando por pueblos y ciudades chicas de Santa Fe y Entre Ríos, en una suerte de exilio interno. Ya tenían siete hijos —Mario, Mónica, Carlos, Alberto, Ramón, César y Ceferino— y una —María— en camino. Ahora, en la ciudad bonaerense de Lima, la vida de trabajador registrado en un frigorífico parecía el resabio de otra vida, la de la estabilidad económica: un sueldo para dar de comer a una familia numerosa. Debía ser grande el miedo como para dejar atrás la casa propia en Laguna Paiva, a 12 kilómetros del frigorífico de Nelson y a 40 de la capital santafesina. Catalino Páez estaba en la mira de policías y militares, a quienes este hombre parecía escapárseles de las manos una y otra vez. Era dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), había sido protagonista de la organización de un sindicato, La Lucha, en aquel frigorífico.
La etapa más cruenta y secreta del terrorismo en manos de las fuerzas armadas y policiales parecía estar quedando atrás en Argentina, ya bajo la lupa de organismos internacionales después del Mundial de Fútbol (1978) y después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1979). Pero en Lima, ese jueves, la vida de todos los Páez-Medina se partiría en dos.
Febrero de 2026
Es una mañana nublada. El sol termina de imponer su presencia recién después del mediodía en el camino desde Rosario hasta Laguna Paiva. La temperatura sube cada vez más espesa. Los bordes de la ruta muestran ya un definido paisaje litoral que deja atrás los grandes campos lisos y extensos de soja. Ahora hay vegetación más alta, algún que otro pueblo atravesado por la ruta hasta llegar al acceso que con letra imprenta y blanca indica el nombre de la ciudad de trece mil habitantes, conocida por sus enormes talleres de la época dorada del ferrocarril, Laguna Paiva.
Casa por casa, acompañado por su hijo, Mario Páez busca a sus hermanos Carlos, Ceferino y Alberto. Sus hermanas Mónica y María esperan en el lugar de encuentro junto a la madre de todos, Juana Medina. Ramón no pudo estar presente.
Será una suerte de cumbre familiar donde la palabra de cada uno reponga y complemente los fragmentos de memoria que configuran su historia familiar. Sobre todo, lo que siguió a aquel 14 de febrero, por lo que esperan un juicio que está anunciado para el 29 de abril de 2026 en el Tribunal Federal de Santa Fe. Entre todos practican la tarea de reconstrucción para contar su historia a este medio.
Esta suerte de cumbre es una escena parecida a la de unos cinco años atrás cuando un equipo de abogados del Museo de la Memoria Rosario y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) se reunió con ellos en la víspera del primer juicio.
—Tuve que convivir con la familia para entender el caso.
Así sintetiza esta historia hoy Federico Pagliero, abogado querellante de Apdh en la causa Chartier mejor conocida como Laguna Paiva porque de ahí son la mayoría de las víctimas. Hermanos, cuñados, tíos, primos se dieron cita en aquel entonces para prepararse para el primer juicio, que investigó el secuestro de 11 militantes de la organización La Lucha y el de Catalino, Juana y Mario. Muchos de ellos habían pasado décadas sin verse. El juicio los reunió. Pagliero se instaló en el pueblo para reconstruir los hechos y las fechas y se sorprendió al ver la fila de familiares dispuestos a contar su historia. Desde 2006, todas las jurisdicciones del país retomaron las causas que investigaban crímenes cometidos por la última dictadura pero “el Estado todavía no había llegado a ellos”, dice Pagliero.
Es que la historia —esa historia sorprendió a Pagliero en las primeras etapas de instrucción de la causa— es compleja. Incluye a muchos actores y ciudades y delitos. Delitos que fueron percibidos como tales cuando fueron dichos en voz alta ante oídos que supieron darle una traducción jurídica a aquellos padecimientos.
Febrero de 1980
Dos familias: Medina y Páez.
Dos provincias: Santa Fe y Buenos Aires.
Cuatro ciudades: Laguna Paiva, Esteban Rams, Esperanza y Lima.
El principal objetivo militar era Catalino. Pero para llegar a él, policías y agentes de inteligencia de Santa Fe fueron pueblo por pueblo, revolvieron y saquearon casas, secuestraron a adultos y menores, dejaron a la intemperie a más de una decena de chicas y chicos menores de 14 años.
Los hermanos y hermanas Páez estaban casados con hermanos o hermanas Medina. María Ceferina Páez estaba casada con Luis Medina, tenían cinco hijos, vivían en Esperanza (Santa Fe). Miguel Páez se había casado con Elba Medina, tenían cuatro hijos, vivían en Esteban Rams (Santa Fe). Y Catalino Páez estaba casado con Juana Medina, tenían siete hijos, vivían ahora en Lima (Buenos Aires). Estaban dispersos por aquellas localidades como una forma de escondite ante el despliegue represivo que les respiraba en la nuca y ante el conocimiento de que los miembros del PRT estaban siendo masacrados.
La patota criminal arrancó en Esperanza, se llevaron a los dos adultos; dejaron a los niños solos, el más grande de 14 y el más chico de 7, que terminaron al cuidado de una tía en otra ciudad. Ni María Ceferina ni Luis, salvajemente torturados, cantaron ningún dato.
Entonces, siguieron por Esteban Rams. Ahí además de los padres se llevaron a todos los chicos. Torturaron y torturaron hasta dar con un dato: el paradero de Catalino. Entonces, siguieron por Lima.
El 14 de febrero de 1980, primero, encontraron a Juana, que tenía un embarazo de entre tres y cuatro meses. La arrastraron de los pelos, la golpearon. Después, agarraron a Mario, de 14 años, que estaba trabajando en el horno de la ladrillera que ahora era su fuente de trabajo. Lo golpearon de todas las formas posibles. Querían saber dónde estaba Catalino.
Todos los relatos coinciden en que cada operativo incluyó más de diez hombres, algunos de civil, otros no; la mayoría armados. Coinciden en la descripción de la violencia desbocada para conseguir información.
Catalino estaba en el médico, eso respondió Juana a las amenazas. Era cierto. Cuando finalmente llegó su marido el operativo represivo ya estaba totalmente desplegado sobre su familia y se abalanzaron sobre él como una jauría. Así lo describirá Mario una y otra vez, décadas después:
—Me queda ese vacío de no entender por qué ese extremo, cuál es el motivo, era una cacería humana, era un safari y es imposible de entender más allá de la lucha y los reclamos. Y menos lo entendés a los 14 años.
Mónica, de 12 años, declaró en la causa que vio todo desde la ventana de unos vecinos. Estaba con los dos más chicos, Ceferino era un bebé de un año y medio.
Ramón tenía 10 años, Carlos 8, Alberto 6. Estaban en la calle jugando cuando escucharon los gritos de la mamá y vieron la escena.
A Catalino, a Juana y a Mario los tiraron dentro de un camión. Era el comienzo del infierno para ellos.
Para Mónica, Carlos, Alberto, Ramón, César y Ceferino era el comienzo de la intemperie. La más grande, de 12, quedó “a cargo” de los demás de entre un año y medio y diez.
La cantidad de tiempo que pasaron sin ver al resto de su familia es difícil de determinar. Su madre Juana fue la primera en salir en libertad y eso ocurrió más de un mes después. Zárate queda a unos quince kilómetros de Lima, Mónica sabía el camino así que tomó un colectivo y llevó a sus cinco hermanos hasta la casa de unos amigos de la familia. Pero allí no pudieron quedarse mucho, entonces volvieron a esa casa sin padres a la vera de la ruta en Lima. No tenían para comer, entonces los dos más grandes —de 12 y 10— se pusieron a trabajar en la misma ladrillera que su padre, su madre y su hermano mayor, ahora secuestrados. Luego de una cantidad incierta de días, quizás por aviso de algún vecino, una ambulancia de la Cruz Roja los buscó y los llevó a San Nicolás, a un convento y un orfanato. Así lo declararon ante la justicia.
Febrero 2026
Sentados en una ronda, a la sombra, la familia Páez responde preguntas. Rápidamente empiezan a ser ellos mismos quienes se hacen preguntas el uno al otro. La expectativa es por lo que viene, la segunda elevación de la misma causa: al fin se investigarán todos los secuestros, los del resto de su familia, y también lo que les pasó cuando eran chicos. Se admitió el delito de abandono de persona. Es la primera vez que la mitad de las víctimas eran menores de 15 al momento de los hechos en un juicio de este tipo —de los que investigan crímenes de la dictadura—y es la primera vez que se considera al abandono de persona como un delito de lesa humanidad.
Juana permanece sentada igual que el resto pero escucha en silencio la palabra de todos sus hijos. Lleva colgada una foto plastificada de su marido vestido de traje, con corbata roja, que dice: Catalino Páez Presente.
Catalino falleció en 2016, no llegó al juicio que investigó su secuestro pero sí llegó a declarar en mayo de 2015. El testimonio fue incorporado al juicio que tuvo su primera sentencia en julio de 2021. Mario, el hijo mayor, de alguna manera continúa una misión que vio en su padre: la militancia y la denuncia de estos crímenes.
La pesadumbre de Mario resalta en esta ronda de hermanos. La conversación sobre Catalino deambula entre el hombre de los ideales y el padre de a pie, el hombre de trabajo. Mario es el que marca el anclaje político, el que otorga a cada palabra de la historia íntima un contexto social. A veces lo nombra como su padre y otras se refiere a él directamente como Catalino. Mario acaba de cumplir 61 años y en su cadencia todavía se advierte el respeto que le inspira la figura de su padre.
—Vivió con el convencimiento de que él no tenía que pelear por vengarse, no tenía sentido vivir así. Y algo le tenía que dejar a sus hijos. No había plata, no había riqueza, no había nada. Simplemente llevar puesto encima el conocimiento de la lucha y el por qué. Nosotros no peleamos por algo que no nos corresponde. Eso es lo que le debemos a mi papá. Más allá de si pensamos que estuvo confundido o de que se pudo haber equivocado ¿quién no se equivoca en esta vida? Yo a mi a padre lo recuerdo así… Era mi padre.
A Mario se le va la voz. Hay un breve silencio. El que retoma es Alberto, de 52 años, hoy trabajador metalúrgico en los viejos talleres del ferrocarril. Entre él, Carlos (54) y Mónica (59) rearman la seguidilla de huidas: coinciden en que terminaron de abandonar Laguna Paiva en 1977, pasaron por ciudades entrerrianas como Concordia, San Salvador y Villaguay antes de llegar a Lima, en Buenos Aires.
Y después de los secuestros, después del reencuentro con su mamá, la vuelta a Paiva. Por lo que reconstruyen hubo varias idas y venidas del pueblo donde tenían su casa. En el primer juicio sirvieron como prueba las cartas que enviaba Catalino desde los distintos penales por los que estuvo detenido hasta octubre de 1984. En el transcurso los hermanos más grandes dejaron la escuela y trabajaron a la par de Juana para sostener a la familia.
—Por eso conocemos diversos oficios, tuvimos que aprender a trabajar, no pudimos estudiar y terminar como los chicos. Tuvimos que poner el lomo para ayudar a nuestros padres.
Así sintetiza Mario. La persecución a esta familia fue un látigo que también impactó en su economía: después del frigorífico no hubo para los padres otro laburo similar. El derrotero interno por pequeñas ciudades, no poder asentarse de forma definitiva implicó mucha inestabilidad económica.
A principios de los 90 volvieron a establecerse en Laguna Paiva, los más chicos son los que pudieron hacer el trayecto escolar más ordenado. Catalino iba y venía del campo, se dedicó sobre todo al trabajo rural. Los más grandes empezaron a vivir en otras ciudades (Santa Fe, Rafaela, Las Petacas).
Mónica cuenta cómo fue el primer regreso a recuperar su casa:
—Cuando vinimos a Paiva, él (Catalino) ya estaba en Coronda. Entonces llegamos y lo primero que dijeron en el pueblo fue «Ah volvieron los tupamaros, los ponebombas”. La gente tenía la información de que había una familia desaparecida porque se había hundido una balsa, antes se pasaba parte del tren con una balsa, todos pensaban que éramos nosotros. Cuando cae Catalino, pensaron eso, creían que ya no existía más y no lo buscaron.
Ese mote descalificatorio perduró, los más grandes lo tienen más presente. Esa casa que pudieron recuperar había sido saqueada: perdieron desde muebles hasta objetos personales, por ejemplo no tienen fotos. María —hoy de 45, que estaba en la panza de Juana cuando la secuestraron— cuenta que fue un vecino el que encadenó y trabó puertas para que nadie pudiera llevarse más nada.
El primer juicio probó los secuestros de Catalino, Juana y Mario además de los trabajadores sindicalizados del frigorífico de Nelson. Allí el Tribunal Oral Federal N°1 de Santa Fe condenó por secuestros y torturas a penas de entre 16 y 5 años a Germán Raúl Chartier, ex jefe de la División de Informaciones Policiales de la Unidad Regional 1; Rubén Oscar Insaurralde, ex sargento de la División de Informaciones D-2; Omar Epifanio Molina, ex cabo del Departamento Operaciones Policiales D-3; Antonio Rubén González, ex cabo de la División Robos y Hurtos de la URI; Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva; y Eduardo Enrique Riuli, ex oficial ayudante de la División de Informaciones D-2.
Para la querella y para todos en esta ronda fueron condenas bajas, sólo Chartier recibió 16 años. Pero lograron que ahora, en este segundo juicio, imputen a Antonio Parvelotti, subjefe del departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe; Víctor Hermes Brusa, ex juez federal, al momento de los hechos secretario del juzgado federal; y Oscar Alberto Cayetano Valdez, oficial departamento de Informaciones Policiales D-2. En el medio falleció Mendoza, comisario de Laguna Paiva condenado en la primera elevación.
Además de todos ellos, Riuli será nuevamente investigado. Éste es el apellido que sobrevuela esta mesa redonda familiar. Vuelve una y otra vez, no sólo porque la mayoría de las víctimas lo pudieron identificar durante los secuestros, sino porque tuvo cierta centralidad en la vida de los paivenses: fue conductor de radio, animador de fiestas, un tipo querido por la comunidad.
Entre el 91 y el 92 la familia Páez se volvió a asentar en Laguna Paiva de forma definitiva. Ceferino, el que tenía un año y medio cuando secuestraron a sus padres, dice:
—Yo me enteré de todo esto cuando vinimos a Paiva a principios de los noventa. Riuli tenía un lugar para alquilar videos y con mis amigos íbamos a alquilar películas hasta que mi mamá me dijo quién era Riuli. No lo podía creer. Inclusive, como vivíamos cerca, yo era amigo de las hijas. A mucha gente le sorprendió porque se enteraron de las cosas cuando fue el juicio pero se difundió muy poco igual.
María tiene bastante claro el orden temporal, es la que agrega líneas de explicación cuando hay respuestas escuetas y es la que remata algunas escenas. Sobre Riuli acota que “era el comisario más condecorado, era un prócer acá”. Y aclara:
—Cuando estuvo la sentencia, tampoco es que vino nadie a decir: che, tenían razón, estamos con ustedes.
Febrero de 1980
El secuestro de Catalino, Juana y Mario se sumó al del resto de su familia de Esperanza y Esteban Rams. Desde Lima, los llevaron en el mismo camión donde estaba Miguel, hermano de Catalino. Los fueron bajando en diferentes momentos. Todos fueron a parar a centros clandestinos de detención de Santa Fe, el Departamento de Informaciones de la Policía conocido como D2 y la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). En este último se reencontraron con su familia: ahí estaba Elba Medina, con sus cuatro hijos de 15 la más grande y de 5 el más chico. A este despliegue de la represión ilegal se sumó un actor más: miembros de la justicia. El entonces secretario de juzgado, Brusa, y el juez federal Miguel Ángel Quirelli.
A Juana la soltaron más de un mes después y le dijeron que a Mario se lo podía llevar en dos meses. Lo primero que hizo fue buscar a sus hijos en Lima. Llegó a su casa vacía y empezó el derrotero para dar con ellos que ya estaban en San Nicolás. Después se llevó a todos a Esteban Rams.
Lo de Catalino llevaría más tiempo: además de ser torturado en el D2 y el GIR, después de pasar más de un mes encapuchado fue trasladado a distintos penales del país. Quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Pasó por las cárceles de Trelew, Rawson y Coronda. Recién lo liberaron a mediados de 1984, ya terminada la dictadura.
En las primeras páginas del informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), publicado en octubre de 1984, ya se describe la situación de “secuestros en presencia de niños”. Establece seis “opciones”: cuando los niños eran dejados en la casa de algún vecino o los dejaban en un instituto de menores o los apropiaban los propios represores o se lo dejaban a algún familiar de las víctimas. En el punto 5 y 6, dice: “Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio donde aprehendían ilegalmente a los padres” y “Trasladarlos al mismo Centro Clandestino de Detención, donde presenciaban las torturas a las que eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia de éstos. Muchos de esos niños hoy figuran como ‘desaparecidos’”.
Desde la reapertura de juicios de lesa humanidad en 2006, la palabra de quienes fueron niños en aquel entonces se escucharon muchas veces en los más de 300 juicios que ya se hicieron en todo el país, pero la mayoría había quedado al cuidado de uno de sus padres o de algún familiar o vecino.
Además estaban los casos de apropiación y robo de identidad, que siempre continuaron su vía judicial. Desde 2019, hijos e hijas de víctimas que pasaron por el Club Atlético, Banco y Olimpo (ABO), en Buenos Aires, empezaron un registro donde ya estimaron el paso de al menos 300 niños y niñas por aquel centro clandestino.
En diciembre de 2025, la Justicia de Mendoza procesó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes. En marzo de este año, la editorial cooperativa La Minga publicó “Infancias sobrevivientes” que intenta abordar “los aspectos pendientes” de la dictadura.
En el primer juicio de Laguna Paiva, que investigó secuestros cometidos entre febrero y abril de 1980 contra trabajadores del frigorífico Nelson, se produjo mucha prueba sobre este tema y por eso ahora están a la espera del segundo juicio: es la primera vez que se llega a esa instancia donde uno de los ejes centrales son los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
“La causa dio un giro total. La gente miraba los testimonios de esas infancias y ya dejaban de ser la causa de la lucha del PRT para pasar a ser la causa de las infancias”, dice Pagliero. En aquella cumbre familiar de 2021, en Esteban Rams, se prepararon las bases para seguir este camino judicial. El equipo de abogados terminó de entender que para agarrar a Catalino el terrorismo de Estado se desplegó sobre toda su familia, incluidos sus hijos y sobrinos. De todos los Páez-Medina, solo se juzgaron los secuestros de Catalino, Juana y Mario. Ahora llega el juicio para todos los hermanos, tíos y primos. Lo significativo es que la Justicia admitió el delito de abandono de persona en un juicio de lesa humanidad. Van por ello, a probar la implicación del Estado en este delito. Para la familia, es imperioso terminar cuanto antes. Como dice Mario:
—Hay un desgaste tan tremendo, tan enorme. Llega un punto donde sentimos tanto el dolor que es peor que si estuviéramos en la cárcel, ¿entendés? Queremos seguir viviendo pero libres sin ser controlados sin rendirle cuenta a nadie, sin tener que andar esperando que nos llamen los de seguridad para ver cómo estamos porque no es el caso. Yo no nací para ser así, para vivir esta vida. Ninguno de nosotros. Nosotros no le hicimos mal a nadie. No embromamos a nadie, fuimos víctimas de lo que pasó en esos años.
Febrero 2026
La tarde se diluye despacio a tono con el ritmo de los pueblos, con pajaritos, gallinas y loros como envoltorio sonoro. La mayoría de los hermanos cuenta más sobre su presente, sobre lo que esperan del juicio.
Carlos (54), tenía 8 años cuando pasó lo de Lima, trabajó mucho tiempo en un tambo y ahora como remisero. Habla poco, pero acota con certeza fechas y nombres propios. Declaró ante la Justicia y dijo que volverá a declarar si es necesario. Lo mismo dicen los demás. Mónica subraya que si viaja alguno de ellos o del resto de su familia, entonces viajan todos al Tribunal de Santa Fe. El único que no pudo estar presente es Ramón, que tiene 56, tenía 10 en 1980. César falleció joven, de una enfermedad.
Les gustaría que todo esto se conozca más, que la comunidad los acompañe.
—Lo que pasa es que los hijos de los compañeros ninguno quiso seguir nada— dice Mario
—Es que no fueron chicos abandonados— responde Mónica
—Quedaron con la madre— agrega Carlos
Junto a Catalino, Mario fue uno de los armadores de un espacio de ex presos políticos en Laguna Paiva, porque allí también están las familias de las víctimas del frigorífico Nelson. Lograron poner una placa en la plaza principal y una escultura de un pañuelo blanco.
En la conversación el tema del desempleo es recurrente, por la crisis que implicó la privatización del ferrocarril en los noventa y por la actual crisis económica donde cada uno tiene que rebuscarselas. Mónica cobra una pensión. Ceferino ahora tiene con Ramón un carribar donde venden hamburguesas, milanesas, sandwiches. Les va bien.
Entre todos van haciendo cuentas de cuándo volvieron a Paiva, algunos hace cinco o seis años cuando fue el juicio, otros cuando empezó todo el camino judicial es decir hace más de diez años, otros viven aquí desde principios de los noventa.
Hay dos cosas que los inquieta: la urgencia por terminar este proceso, cerrarlo de una vez por todas; y la idea de que Riuli —o cualquiera de los demás acusados— quede en libertad. Alberto dice:
—Yo me acuerdo que a mi papá le dio mucha bronca haber visto a Riuli en la plaza. Se fue a quejar, dijo que no podía ser que estuviera en la función pública un tipo que había torturado y secuestrado gente. Él comía en restaurantes, andaba suelto por la vereda.
María es una de las que más participa en la conversación, quizás por no haber vivido aquella situación es la que pudo oír el relato, darle orden y desde ahí acompañar la búsqueda de justicia
—Mi papá nunca se sentó a hablar con nosotros específicamente sobre lo que le pasó. Pero sí nos decía adónde van, a qué hora vienen, cuando volvíamos del boliche él estaba sentado atrás de la puerta esperando. Nunca volvió a sentirse seguro. Imaginate que no cambiaba un foco ni un enchufe porque tenía miedo que le diera una patada, porque a él lo habían picaneado. Por más que cada uno intentó hacer su vida y tuvo sus hijos o nietos, igual siempre está el miedo. Cuando empieza el juicio piensan que ahora hay que cuidarse más, ¿por qué? ¿por qué todavía ellos tienen el poder de sacarte la tranquilidad?
Mario escucha a todos con atención pero se nota la carga de la conversación. Volvió a decir lo que dijo tantas veces en estos años de entrevistas y en esta misma ronda: “Yo no vine para vivir esta vida y se me fue la vida en esto”. El día anterior fue su cumpleaños. Hace 46 años cumplió 15 en un centro clandestino de detención. En las conversaciones previas al viaje hasta Laguna Paiva, Mario habló de los que ya no están “y merecerían estar acá”, de cómo los extraña y remata:
—Pero los destinos son así, la vida está marcada. Hoy jugamos con estas cartas. En un futuro, si es que hay otro, no lo sé, tal vez, tal vez sea mejor.
OTRAS NOTAS QUE TE VAN A INTERESAR:
INFANCIAS Y DICTADURA
INFANCIAS Y DICTADURA
(*) Capítulo extraído del libro “Sembrando
Memoria” – Ediciones El Periscopio 2023
Durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica en Argentina, las infancias también sufrieron el terror, el ensañamiento y la persecución del Estado.
Cientos de niñas y niños
fueron secuestrados junto a sus padres y llevados a centros clandestinos de
detención, donde padecieron vejaciones y torturas.
Más de 400 niñas y niños
fueron apropiados ilegalmente y muchos de ellos hasta el día de hoy desconocen
su verdadera identidad. Cientos de bebés nacieron en cautiverio, otros
presenciaron los allanamientos, las detenciones ilegales, los asesinatos de sus
padres y luego quedaron abandonados en la vía pública o en hogares estatales.
Las historias se entrecruzan,
fragmentadas, a veces difusas, pero hay imágenes que se repiten: chicas y
chicos que se criaron con sus abuelos, con sus tíos; crianzas en el exilio, en
la clandestinidad. Ausencias difíciles de digerir, esperas interminables en
cumpleaños, años nuevos, navidades.
Si bien los testimonios de las
infancias y juventudes estuvieron presentes desde el Juicio a las Juntas en
1985, esto no tuvo su correlato en los tribunales. Pero algo comenzó a cambiar
en la mirada de la justicia, en la que se comienza a vislumbrar un atisbo de
reparación para estas niñas y niños -hoy adultos- que hasta el momento fueron
citados a declarar por sus padres detenidos- desaparecidos, pero que también
exigen memoria, verdad y justicia por los delitos de lesa humanidad que ellos
mismos padecieron.
En este marco, son varias las
fiscalías a lo largo del país que vienen trabajando en este sentido, como las
de Rosario, Tucumán, Córdoba, La Plata y recientemente Mendoza
En el Tribunal Oral
de la ciudad de Santa Fe, durante mayo, junio y julio de 2021 se llevó adelante
el juicio por la causa conocida como “Laguna Paiva” o “Chartier”, en la que se
juzgaron y condenaron a seis ex policías provinciales por la privación ilegítima
de la libertad y tormentos agravados cometidos contra 11 personas y sus
familias durante la dictadura. A lo largo de las audiencias quedó expuesto el
ensañamiento y la vulneración de derechos que sufrieron 16 niñas y niños de
entre 1 y 15 años que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
La historia de la familia Páez
“Vení que te quiero mostrar
algo” le dijo el genocida Eduardo Riuli a Mario Páez. Después lo sacó de la
celda y lo llevó frente a su padre, que estaba desfigurado por la tortura.
“¿Lo conoces? decime lo que
sabés porque te va a pasar lo mismo”, lo amenazó.
Cuando Catalino Páez vio a su
hijo sonrió. Tiempo después Mario le preguntó por qué lo había hecho, “estaba
contento de verte vivo” le respondió, “pensé que no te iba a ver más”.
Mario Páez, el hijo mayor de
Catalino Páez y Juana Medina, tenía 14 años cuando una patota de más de veinte
hombres armados irrumpió en el horno de ladrillos donde se escondían, a las
afueras de Lima, provincia de Buenos Aires, el 15 de febrero de 1980.
En el operativo se encontraba
el genocida y ex juez federal, Victor Brussa y Eduardo Riuli, ex sumariante de
la Policía de Santa Fe y animador de fiestas en Laguna Paiva. Mario lo
reconoció por su voz inconfundible.
A su madre, que estaba
embarazada de dos meses, la arrastraron de los pelos hacia la ruta,
interrogándola por el paradero de Catalino. Después la llevaron al interior de
la casa en la que vivían y la golpearon frente a sus hijos: Mónica de 12 años,
Ramón de 10 años, Carlos Ignacio de 9 años, César de 6 años, Alberto de 5 años
y Ceferino de un año y medio.
A Mario lo golpearon hasta
desmayarlo, le apuntaron con una pistola y le dijeron bien clarito: “ojo con lo
que hacés”.
Su papá era el último jefe
regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T) Antes del
golpe, Catalino había trabajado en el frigorífico Nelson de Laguna Paiva y
junto a sus compañeros fundó la organización sindical “La lucha”. En 1976 cuando
pasó a la clandestinidad junto a su esposa y sus siete hijos, escaparon por
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, siempre trabajando en zonas
rurales.
Ese mediodía, Catalino había
salido al médico de la ciudad porque estaba enfermo. Llegó justo para ver la
escena desde la ventanilla del colectivo, bajar y cruzar la ruta desesperado.
Mario y sus padres fueron
encapuchados, engrillados y arrojados a un camión, donde también tenían
secuestrado a Miguel, el hermano de Catalino. El hijo mayor del matrimonio y su
tío fueron trasladados al Ex Departamento de Informaciones de la Policía de Santa
Fe (D2) ubicado en Obispo Gelabert y San Martín, en pleno centro. Juana y
Catalino fueron llevados primero a una casa junto al río, luego al D2 y posteriormente a la Ex Guardia de
Infantería Reforzada (G.I.R).
Cuando la patota se retiró,
Mónica Páez y el resto de sus hermanos quedaron abandonados en el medio del
campo. Antes de que se los llevaran, su madre le gritó algo, pero ella no
alcanzó a oírla.
Mónica reunió a sus hermanos
más chicos y se fue a la casa de una vecina. Después se tomó un ómnibus hacia
Zárate para pedir ayuda y se dirigió a la comisaría, pero le dijeron que se
quedara tranquila. Cuando regresó a Lima, trabajó con Ramón para poder comer.
Al tiempo fueron rescatados por la Cruz Roja y separados por un mes, hasta que
su mamá fue liberada luego de firmar una declaración bajo tortura.
Mario cumplió sus 15 años en
el centro clandestino de detención, fue liberado a mediados de abril de 1980.
II
El horror de los Páez no
empezó ni terminó allí. El ensañamiento del terrorismo de Estado sobre el
dirigente gremial derivó en la persecución, el secuestro y la tortura de casi
todo su círculo íntimo y de nueve compañeros de militancia.
Era una familia numerosa, de
trabajadores rurales oriundos del centro norte de la provincia. Tres hermanos
Páez se casaron con tres hermanos Medina.
Para encontrar a Catalino,
primero fueron por su hermana María Ceferina y su marido, Luis Santiago Medina,
que estaba trabajando en una estancia cerca de Esperanza.
Cuando los milicos fueron a
buscarla a su casa el 8 de febrero, María estaba a punto de irse a trabajar.
Les pidió que no le hicieran nada frente a sus hijos, porque eran muy pequeños.
Luego se sacó su uniforme de trabajo y se despidió de ellos. El más pequeño le
pidió que le trajera chocolinas, María lo tranquilizó.
En ese momento, Ramona Beatriz
de 15 años, María Susana de 13 años, Mario Luis de 11 años, Ramón de 8 años y
Miguel de 7 años quedaron abandonados y en situación de vulnerabilidad.
Miguel relató en las
audiencias que 18 personas armadas ingresaron a su hogar. Su hermana María
Susana, mencionó que dieron vuelta todo y que rompieron los colchones, pero que
no encontraron nada, porque no había nada.
III
Después fueron a buscar a
Miguel Páez y a su pareja, Elba Medina. El matrimonio vivía en Los Pocitos, un
campo ubicado en el Departamento 9 de Julio, cerca de Esteban Rams. El 12 de
febrero de 1980 un grupo de veinte hombres armados vestidos de civil los
secuestró junto a sus cuatro hijos.
A Elba la metieron en el
patrullero junto a Miguel Alfredo de 8 años, José Santiago de 5 años y Rodolfo
de 2 años y los llevaron a la GIR. A su esposo y a su hija los torturaron en
una casa de campo, mientras los interrogaban por Catalino.
Graciela Rita de 15 años,
escuchó el ruido de motores y un disparo. Antes de que entraran a los gritos,
la ataran y le vendaran los ojos, la hija mayor de Miguel y Elba alcanzó a ver
una camioneta de la que sobresalían armas. Le preguntaron dónde se encontraba
su tío, luego le ordenaron que se desvista, humedecieron una sábana, la ataron
a una cama y le pasaron electricidad por el cuerpo.
“Les dije que mi padre había
ido a verlos, a llevarles plata. Eran despiadados, estuvieron casi todo el día
así. Después no vi más a mi familia. Llegando la noche me llevaron a la GIR y
me pusieron en una pieza chica, pedía agua y no me daban”, declaró en las
audiencias.
A los días la trasladaron a
una comisaría en donde le prometieron “que la iban a tratar bien”. Cerca suyo
reconoció la voz de su tío, Luis Medina. A los 4 o 5 días la llevaron
nuevamente vendada hasta la GIR. Después pudo ver a su mamá, a sus hermanos y a
sus tías Juana, Marciana y Ramona.
Catalino Páez fue puesto a
disposición del Ejecutivo Nacional y luego trasladado a Rawson, donde salió en
libertad en agosto de 1984. En 2014, junto a su familia presentó una denuncia
en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, pero no llegó a presenciar
el juicio, falleció en 2016.
Durante mayo, junio y julio de
2021, los genocidas Germán Raúl Chartier, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscar
Insaurralde, Omar Epifanio Molina, Antonio Rubén González y Fernando Sebastián
Mendoza, recibieron condenas de entre 20 y 6 años de prisión, todas de
cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta y perpetua.
(*) por LUCÍA LUCERO
EL PRIMER JUICIO DE LAGUINA PAIVA
Las crónicas del juicio reflejan las circunstancias y aportan información relevante
Podés leerlo o descargar aquí
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
50 años del Golpe - EL CIUDADANO El abandono como crimen: el primer juicio de la dictadura por las infancias de Laguna Paiva En 1980 les ar...
