Historias nunca contadas de lxs chicxs en los campos de concentración

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NOTAS PERIODÍSTICAS

50 años del Golpe - EL CIUDADANO 

El abandono como crimen: el primer juicio de la dictadura por las infancias de Laguna Paiva

En 1980 les arrancaron a los padres y al hermano mayor. Seis hermanos quedaron solos en una casa a la vera de la ruta. La mayor tenía 12 años, el más chico era un bebé de un año y medio. Ahora, por primera vez, la Justicia argentina juzgará el abandono de esas infancias como delito de lesa humanidad. La familia Páez-Medina espera el juicio con una mezcla de expectativa y desgaste. "Se me fue la vida en esto", dice Mario que cumplió 15 años en un centro clandestino de detención

14 de febrero de 1980

Era jueves. Catalino Páez tenía 40 años recién cumplidos. Con su esposa Juana Medina venían deambulando por pueblos y ciudades chicas de Santa Fe y Entre Ríos, en una suerte de exilio interno. Ya tenían siete hijos —Mario, Mónica, Carlos, Alberto, Ramón, César y Ceferino— y una —María— en camino. Ahora, en la ciudad bonaerense de Lima, la vida de trabajador registrado en un frigorífico parecía el resabio de otra vida, la de la estabilidad económica: un sueldo para dar de comer a una familia numerosa. Debía ser grande el miedo como para dejar atrás la casa propia en Laguna Paiva, a 12 kilómetros del frigorífico de Nelson y a 40 de la capital santafesina. Catalino Páez estaba en la mira de policías y militares, a quienes este hombre parecía escapárseles de las manos una y otra vez. Era dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), había sido protagonista de la organización de un sindicato, La Lucha, en aquel frigorífico.

La etapa más cruenta y secreta del terrorismo en manos de las fuerzas armadas y policiales parecía estar quedando atrás en Argentina, ya bajo la lupa de organismos internacionales después del Mundial de Fútbol (1978) y después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1979). Pero en Lima, ese jueves, la vida de todos los Páez-Medina se partiría en dos.

Febrero de 2026

Es una mañana nublada. El sol termina de imponer su presencia recién después del mediodía en el  camino desde Rosario hasta Laguna Paiva. La temperatura sube cada vez más espesa. Los bordes de la ruta muestran ya un definido paisaje litoral que deja atrás los grandes campos lisos y extensos de soja. Ahora hay vegetación más alta, algún que otro pueblo atravesado por la ruta hasta llegar al acceso que con letra imprenta y blanca indica el nombre de la ciudad de trece mil habitantes, conocida por sus enormes talleres de la época dorada del ferrocarril, Laguna Paiva.

Casa por casa, acompañado por su hijo, Mario Páez busca a sus hermanos Carlos, Ceferino y Alberto. Sus hermanas Mónica y María esperan en el lugar de encuentro junto a la madre de todos, Juana Medina. Ramón no pudo estar presente.

Será una suerte de cumbre familiar donde la palabra de cada uno reponga y complemente los fragmentos de memoria que configuran su historia familiar. Sobre todo, lo que siguió a aquel 14 de febrero, por lo que esperan un juicio que está anunciado para el 29 de abril de 2026 en el Tribunal Federal de Santa Fe. Entre todos practican la tarea de reconstrucción para contar su historia a este medio.

Esta suerte de cumbre es una escena parecida a la de unos cinco años atrás cuando un equipo de abogados del Museo de la Memoria Rosario y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) se reunió con ellos en la víspera del primer juicio.

—Tuve que convivir con la familia para entender el caso.

Así sintetiza esta historia hoy Federico Pagliero, abogado querellante de Apdh en la causa Chartier mejor conocida como Laguna Paiva porque de ahí son la mayoría de las víctimas. Hermanos, cuñados, tíos, primos se dieron cita en aquel entonces para prepararse para el primer juicio, que investigó el secuestro de 11 militantes de la organización La Lucha y el de Catalino, Juana y Mario. Muchos de ellos habían pasado décadas sin verse. El juicio los reunió. Pagliero se instaló en el pueblo para reconstruir los hechos y las fechas y se sorprendió al ver la fila de familiares dispuestos a contar su historia. Desde 2006, todas las jurisdicciones del país retomaron las causas que investigaban crímenes cometidos por la última dictadura pero “el Estado todavía no había llegado a ellos”, dice Pagliero.

Es que la historia —esa historia sorprendió a Pagliero en las primeras etapas de instrucción de la causa— es compleja. Incluye a muchos actores y ciudades y delitos. Delitos que fueron percibidos como tales cuando fueron dichos en voz alta ante oídos que supieron darle una traducción jurídica a aquellos padecimientos.

Febrero de 1980

Dos familias: Medina y Páez.

Dos provincias: Santa Fe y Buenos Aires.

Cuatro ciudades: Laguna Paiva, Esteban Rams, Esperanza y Lima.

El principal objetivo militar era Catalino. Pero para llegar a él, policías y agentes de inteligencia de Santa Fe fueron pueblo por pueblo, revolvieron y saquearon casas, secuestraron a adultos y menores, dejaron a la intemperie a más de una decena de chicas y chicos menores de 14 años.

Los hermanos y hermanas Páez estaban casados con hermanos o hermanas Medina. María Ceferina Páez estaba casada con Luis Medina, tenían cinco hijos, vivían en Esperanza (Santa Fe). Miguel Páez se había casado con Elba Medina, tenían cuatro hijos, vivían en Esteban Rams (Santa Fe). Y Catalino Páez estaba casado con Juana Medina, tenían siete hijos, vivían ahora en Lima (Buenos Aires). Estaban dispersos por aquellas localidades como una forma de escondite ante el despliegue represivo que les respiraba en la nuca y ante el conocimiento de que los miembros del PRT estaban siendo masacrados.

La patota criminal arrancó en Esperanza, se llevaron a los dos adultos; dejaron a los niños solos, el más grande de 14 y el más chico de 7, que terminaron al cuidado de una tía en otra ciudad. Ni María Ceferina ni Luis, salvajemente torturados, cantaron ningún dato.

Entonces, siguieron por Esteban Rams. Ahí además de los padres se llevaron a todos los chicos. Torturaron y torturaron hasta dar con un dato: el paradero de Catalino. Entonces, siguieron por Lima.

El 14 de febrero de 1980, primero, encontraron a Juana, que tenía un embarazo de entre tres y cuatro meses. La arrastraron de los pelos, la golpearon. Después, agarraron a Mario, de 14 años, que estaba trabajando en el horno de la ladrillera que ahora era su fuente de trabajo. Lo golpearon de todas las formas posibles. Querían saber dónde estaba Catalino.

Todos los relatos coinciden en que cada operativo incluyó más de diez hombres, algunos de civil, otros no; la mayoría armados. Coinciden en la descripción de la violencia desbocada para conseguir información.

Catalino estaba en el médico, eso respondió Juana a las amenazas. Era cierto. Cuando finalmente llegó su marido el operativo represivo ya estaba totalmente desplegado sobre su familia y se abalanzaron sobre él como una jauría. Así lo describirá Mario una y otra vez, décadas después:

—Me queda ese vacío de no entender por qué ese extremo, cuál es el motivo, era una cacería humana, era un safari y es imposible de entender más allá de la lucha y los reclamos. Y menos lo entendés a los 14 años.

Mónica, de 12 años, declaró en la causa que vio todo desde la ventana de unos vecinos. Estaba con los dos más chicos, Ceferino era un bebé de un año y medio.

Ramón tenía 10 años, Carlos 8, Alberto 6. Estaban en la calle jugando cuando escucharon los gritos de la mamá y vieron la escena.

A Catalino, a Juana y a Mario los tiraron dentro de un camión. Era el comienzo del infierno para ellos.

Para Mónica, Carlos, Alberto, Ramón, César y Ceferino era el comienzo de la intemperie. La más grande, de 12, quedó “a cargo” de los demás de entre un año y medio y diez.

La cantidad de tiempo que pasaron sin ver al resto de su familia es difícil de determinar. Su madre Juana fue la primera en salir en libertad y eso ocurrió más de un mes después. Zárate queda a unos quince kilómetros de Lima, Mónica sabía el camino así que tomó un colectivo y llevó a sus cinco hermanos hasta la casa de unos amigos de la familia. Pero allí no pudieron quedarse mucho, entonces volvieron a esa casa sin padres a la vera de la ruta en Lima. No tenían para comer, entonces los dos más grandes —de 12 y 10— se pusieron a trabajar en la misma ladrillera que su padre, su madre y su  hermano mayor, ahora secuestrados. Luego de una cantidad incierta de días, quizás por aviso de algún vecino, una ambulancia de la Cruz Roja los buscó y los llevó a San Nicolás, a un convento y un orfanato. Así lo declararon ante la justicia.

Febrero 2026

Sentados en una ronda, a la sombra, la familia Páez responde preguntas. Rápidamente empiezan a ser ellos mismos quienes se hacen preguntas el uno al otro. La expectativa es por lo que viene, la segunda elevación de la misma causa: al fin se investigarán todos los secuestros, los del resto de su familia, y también lo que les pasó cuando eran chicos. Se admitió el delito de abandono de persona. Es la primera vez que la mitad de las víctimas eran menores de 15 al momento de los hechos en un juicio de este tipo —de los que investigan crímenes de la dictadura—y es la primera vez que se considera al abandono de persona como un delito de lesa humanidad.

Juana permanece sentada igual que el resto pero escucha en silencio la palabra de todos sus hijos. Lleva colgada una foto plastificada de su marido vestido de traje, con corbata roja, que dice: Catalino Páez Presente.

Catalino falleció en 2016, no llegó al juicio que investigó su secuestro pero sí llegó a declarar en mayo de 2015. El testimonio fue incorporado al juicio que tuvo su primera sentencia en julio de 2021. Mario, el hijo mayor, de alguna manera continúa una misión que vio en su padre: la militancia y la denuncia de estos crímenes.

La pesadumbre de Mario resalta en esta ronda de hermanos. La conversación sobre Catalino deambula entre el hombre de los ideales y el padre de a pie, el hombre de trabajo. Mario es el que marca el anclaje político, el que otorga a cada palabra de la historia íntima un contexto social. A veces lo nombra como su padre y otras se refiere a él directamente como Catalino. Mario acaba de cumplir 61 años y en su cadencia todavía se advierte el respeto que le inspira la figura de su padre.

—Vivió con el convencimiento de que él no tenía que pelear por vengarse, no tenía sentido vivir así. Y algo le tenía que dejar a sus hijos. No había plata, no había riqueza, no había nada. Simplemente llevar puesto encima el conocimiento de la lucha y el por qué. Nosotros no peleamos por algo que no nos corresponde. Eso es lo que le debemos a mi papá. Más allá de si pensamos que estuvo confundido o de que se pudo haber equivocado ¿quién no se equivoca en esta vida? Yo a mi a padre lo recuerdo así… Era mi padre.

A Mario se le va la voz. Hay un breve silencio. El que retoma es Alberto, de 52 años, hoy trabajador metalúrgico en los viejos talleres del ferrocarril. Entre él, Carlos (54) y Mónica (59) rearman la seguidilla de huidas: coinciden en que terminaron de abandonar Laguna Paiva en 1977, pasaron por ciudades entrerrianas como Concordia, San Salvador y Villaguay antes de llegar a Lima, en Buenos Aires.

Y después de los secuestros, después del reencuentro con su mamá, la vuelta a Paiva. Por lo que reconstruyen hubo varias idas y venidas del pueblo donde tenían su casa. En el primer juicio sirvieron como prueba las cartas que enviaba Catalino desde los distintos penales por los que estuvo detenido hasta octubre de 1984. En el transcurso los hermanos más grandes dejaron la escuela y trabajaron a la par de Juana para sostener a la familia.

—Por eso conocemos diversos oficios, tuvimos que aprender a trabajar, no pudimos estudiar y terminar como los chicos. Tuvimos que poner el lomo para ayudar a nuestros padres.

Así sintetiza Mario. La persecución a esta familia fue un látigo que también impactó en su economía: después del frigorífico no hubo para los padres otro laburo similar. El derrotero interno por pequeñas ciudades, no poder asentarse de forma definitiva implicó mucha inestabilidad económica.

A principios de los 90 volvieron a establecerse en Laguna Paiva, los más chicos son los que pudieron hacer el trayecto escolar más ordenado. Catalino iba y venía del campo, se dedicó sobre todo al trabajo rural. Los más grandes empezaron a vivir en otras ciudades (Santa Fe, Rafaela, Las Petacas).

Mónica cuenta cómo fue el primer regreso a recuperar su casa:

—Cuando vinimos a Paiva, él (Catalino) ya estaba en Coronda. Entonces llegamos y lo primero que dijeron en el pueblo fue «Ah volvieron los tupamaros, los ponebombas”. La gente tenía la información de que había una familia desaparecida porque se había hundido una balsa, antes se pasaba parte del tren con una balsa, todos pensaban que éramos nosotros. Cuando cae Catalino, pensaron eso, creían que ya no existía más y no lo buscaron.

Ese mote descalificatorio perduró, los más grandes lo tienen más presente. Esa casa que pudieron recuperar había sido saqueada: perdieron desde muebles hasta objetos personales, por ejemplo no tienen fotos. María —hoy de 45, que estaba en la panza de Juana cuando la secuestraron— cuenta que fue un vecino el que encadenó y trabó puertas para que nadie pudiera llevarse más nada.

El primer juicio probó los secuestros de Catalino, Juana y Mario además de los trabajadores sindicalizados del frigorífico de Nelson. Allí el Tribunal Oral Federal N°1 de Santa Fe condenó por secuestros y torturas a penas de entre 16 y 5 años a Germán Raúl Chartier, ex jefe de la División de Informaciones Policiales de la Unidad Regional 1; Rubén Oscar Insaurralde, ex sargento de la División de Informaciones D-2; Omar Epifanio Molina, ex cabo del Departamento Operaciones Policiales D-3; Antonio Rubén González, ex cabo de la División Robos y Hurtos de la URI; Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva; y Eduardo Enrique Riuli, ex oficial ayudante de la División de Informaciones D-2.

Para la querella y para todos en esta ronda fueron condenas bajas, sólo Chartier recibió 16 años. Pero lograron que ahora, en este segundo juicio, imputen a Antonio Parvelotti, subjefe del departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe; Víctor Hermes Brusa, ex juez federal, al momento de los hechos secretario del juzgado federal; y Oscar Alberto Cayetano Valdez, oficial departamento de Informaciones Policiales D-2. En el medio falleció Mendoza, comisario de Laguna Paiva condenado en la primera elevación.

Además de todos ellos, Riuli será nuevamente investigado. Éste es el apellido que sobrevuela esta mesa redonda familiar. Vuelve una y otra vez, no sólo porque la mayoría de las víctimas lo pudieron identificar durante los secuestros, sino porque tuvo cierta centralidad en la vida de los paivenses: fue conductor de radio, animador de fiestas, un tipo querido por la comunidad.

Entre el 91 y el 92 la familia Páez se volvió a asentar en Laguna Paiva de forma definitiva. Ceferino, el que tenía un año y medio cuando secuestraron a sus padres, dice:

—Yo me enteré de todo esto cuando vinimos a Paiva a principios de los noventa. Riuli tenía un lugar para alquilar videos y con mis amigos íbamos a alquilar películas hasta que mi mamá me dijo quién era Riuli. No lo podía creer. Inclusive, como vivíamos cerca, yo era amigo de las hijas. A mucha gente le sorprendió porque se enteraron de las cosas cuando fue el juicio pero se difundió muy poco igual.

María tiene bastante claro el orden temporal, es la que agrega líneas de explicación cuando hay respuestas escuetas y es la que remata algunas escenas. Sobre Riuli acota que “era el comisario más condecorado, era un prócer acá”. Y aclara:

—Cuando estuvo la sentencia, tampoco es que vino nadie a decir: che, tenían razón, estamos con ustedes.

Febrero de 1980

El secuestro de Catalino, Juana y Mario se sumó al del resto de su familia de Esperanza y Esteban Rams. Desde Lima, los llevaron en el mismo camión donde estaba Miguel, hermano de Catalino. Los fueron bajando en diferentes momentos. Todos fueron a parar a centros clandestinos de detención de Santa Fe, el Departamento de Informaciones de la Policía conocido como D2 y la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). En este último se reencontraron con su familia: ahí estaba Elba Medina, con sus cuatro hijos de 15 la más grande y de 5 el más chico. A este despliegue de la represión ilegal se sumó un actor más: miembros de la justicia. El entonces secretario de juzgado, Brusa, y el juez federal Miguel Ángel Quirelli.

A Juana la soltaron más de un mes después y le dijeron que a Mario se lo podía llevar en dos meses. Lo primero que hizo fue buscar a sus hijos en Lima. Llegó a su casa vacía y empezó el derrotero para dar con ellos que ya estaban en San Nicolás. Después se llevó a todos a Esteban Rams.

Lo de Catalino llevaría más tiempo: además de ser torturado en el D2 y el GIR, después de pasar más de un mes encapuchado fue trasladado a distintos penales del país. Quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Pasó por las cárceles de Trelew, Rawson y Coronda. Recién lo liberaron a mediados de 1984, ya terminada la dictadura.

En las primeras páginas del informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), publicado en octubre de 1984, ya se describe la situación de “secuestros en presencia de niños”. Establece seis “opciones”: cuando los niños eran dejados en la casa de algún vecino o los dejaban en un instituto de menores o los apropiaban los propios represores o se lo dejaban a algún familiar de las víctimas. En el punto 5 y 6, dice: “Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio donde aprehendían ilegalmente a los padres” y “Trasladarlos al mismo Centro Clandestino de Detención, donde presenciaban las torturas a las que eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia de éstos. Muchos de esos niños hoy figuran como ‘desaparecidos’”.

Desde la reapertura de juicios de lesa humanidad en 2006, la palabra de quienes fueron niños en aquel entonces se escucharon muchas veces en los más de 300 juicios que ya se hicieron en todo el país, pero la mayoría había quedado al cuidado de uno de sus padres o de algún familiar o vecino.

Además estaban los casos de apropiación y robo de identidad, que siempre continuaron su  vía judicial. Desde 2019, hijos e hijas de víctimas que pasaron por el Club Atlético, Banco y Olimpo (ABO), en Buenos Aires, empezaron un registro donde ya estimaron el paso de al menos 300 niños y niñas por aquel centro clandestino.

En diciembre de 2025, la Justicia de Mendoza procesó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes. En marzo de este año, la editorial cooperativa La Minga publicó “Infancias sobrevivientes” que intenta abordar “los aspectos pendientes” de la dictadura.

En el primer juicio de Laguna Paiva, que investigó secuestros cometidos entre febrero y abril de 1980 contra trabajadores del frigorífico Nelson, se produjo mucha prueba sobre este tema y por eso ahora están a la espera del segundo juicio: es la primera vez que se llega a esa instancia donde uno de los ejes centrales son los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

“La causa dio un giro total. La gente miraba los testimonios de esas infancias y ya dejaban de ser la causa de la lucha del PRT para pasar a ser la causa de las infancias”, dice Pagliero. En aquella cumbre familiar de 2021, en Esteban Rams, se prepararon las bases para seguir este camino judicial. El equipo de abogados terminó de entender que para agarrar a Catalino el terrorismo de Estado se desplegó sobre toda su familia, incluidos sus hijos y sobrinos. De todos los Páez-Medina, solo se juzgaron los secuestros de Catalino, Juana y Mario. Ahora llega el juicio para todos los hermanos, tíos y primos. Lo significativo es que la Justicia admitió el delito de abandono de persona en un juicio de lesa humanidad. Van por ello, a probar la implicación del Estado en este delito. Para la familia, es imperioso terminar cuanto antes. Como dice Mario:

—Hay un desgaste tan tremendo, tan enorme. Llega un punto donde sentimos tanto el dolor que es peor que si estuviéramos en la cárcel, ¿entendés? Queremos seguir viviendo pero libres sin ser controlados sin rendirle cuenta a nadie, sin tener que andar esperando que nos llamen los de seguridad para ver cómo estamos porque no es el caso. Yo no nací para ser así, para vivir esta vida. Ninguno de nosotros. Nosotros no le hicimos mal a nadie. No embromamos a nadie, fuimos víctimas de lo que pasó en esos años.

Febrero 2026

La tarde se diluye despacio a tono con el ritmo de los pueblos, con pajaritos, gallinas y loros como envoltorio sonoro. La mayoría de los hermanos cuenta más sobre su presente, sobre lo que esperan del juicio.

Carlos (54), tenía 8 años cuando pasó lo de Lima, trabajó mucho tiempo en un tambo y ahora como remisero. Habla poco, pero acota con certeza fechas y nombres propios. Declaró ante la Justicia y dijo que volverá a declarar si es necesario. Lo mismo dicen los demás. Mónica subraya que si viaja alguno de ellos o del resto de su familia, entonces viajan todos al Tribunal de Santa Fe. El único que no pudo estar presente es Ramón, que tiene 56, tenía 10 en 1980. César falleció joven, de una enfermedad.

Les gustaría que todo esto se conozca más, que la comunidad los acompañe.

—Lo que pasa es que los hijos de los compañeros ninguno quiso seguir nada— dice Mario

—Es que no fueron chicos abandonados— responde Mónica

—Quedaron con la madre— agrega Carlos

Junto a Catalino, Mario fue uno de los armadores de un espacio de ex presos políticos en Laguna Paiva, porque allí también están las familias de las víctimas del frigorífico Nelson. Lograron poner una placa en la plaza principal y una escultura de un pañuelo blanco.

En la conversación el tema del desempleo es recurrente, por la crisis que implicó la privatización del ferrocarril en los noventa y por la actual crisis económica donde cada uno tiene que rebuscarselas. Mónica cobra una pensión. Ceferino ahora tiene con Ramón un carribar donde venden hamburguesas, milanesas, sandwiches. Les va bien.

Entre todos van haciendo cuentas de cuándo volvieron a Paiva, algunos hace cinco o seis años cuando fue el juicio, otros cuando empezó todo el camino judicial es decir hace más de diez años, otros viven aquí desde principios de los noventa.

Hay dos cosas que los inquieta: la urgencia por terminar este proceso, cerrarlo de una vez por todas; y la idea de que Riuli —o cualquiera de los demás acusados— quede en libertad. Alberto dice:

—Yo me acuerdo que a mi papá le dio mucha bronca haber visto a Riuli en la plaza. Se fue a quejar, dijo que no podía ser que estuviera en la función pública un tipo que había torturado y secuestrado gente. Él comía en restaurantes, andaba suelto por la vereda.

María es una de las que más participa en la conversación, quizás por no haber vivido aquella situación es la que pudo oír el relato, darle orden y desde ahí acompañar la búsqueda de justicia

—Mi papá nunca se sentó a hablar con nosotros específicamente sobre lo que le pasó. Pero sí nos decía adónde van, a qué hora vienen, cuando volvíamos del boliche él estaba sentado atrás de la puerta esperando. Nunca volvió a sentirse seguro. Imaginate que no cambiaba un foco ni un enchufe porque tenía miedo que le diera una patada, porque a él lo habían picaneado. Por más que cada uno intentó hacer su vida y tuvo sus hijos o nietos, igual siempre está el miedo. Cuando empieza el juicio piensan que ahora hay que cuidarse más, ¿por qué? ¿por qué todavía ellos tienen el poder de sacarte la tranquilidad?

Mario escucha a todos con atención pero se nota la carga de la conversación. Volvió a decir lo que dijo tantas veces en estos años de entrevistas y en esta misma ronda: “Yo no vine para vivir esta vida y se me fue la vida en esto”. El día anterior fue su cumpleaños. Hace 46 años cumplió 15 en un centro clandestino de detención. En las conversaciones previas al viaje hasta Laguna Paiva, Mario habló de los que ya no están “y merecerían estar acá”, de cómo los extraña y remata:

—Pero los destinos son así, la vida está marcada. Hoy jugamos con estas cartas. En un futuro, si es que hay otro, no lo sé, tal vez, tal vez sea mejor.

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SÍNTESIS INFORMATIVA SOBRE EL NUEVO JUICIO

 

CAUSA LAGUNA PAIVA II – SÍNTESIS INFORMATIVA

En el marco del terrorismo de Estado, no sólo fueron perseguidos, torturados y asesinados militantes políticos y sindicales: también sus familias resultaron blanco de la represión, incluidos niños, niñas y adolescentes. La causa “Laguna Paiva II” constituye un claro testimonio de ello.

Los operativos represivos, tras secuestrar a los padres, saquear las viviendas y amenazar a las familias, dejaron a muchos niños y niñas abandonados a su suerte, en una situación de absoluto desamparo. Algunos de ellos incluso fueron privados ilegítimamente de su libertad y trasladados a centros clandestinos de detención, donde padecieron tormentos junto a los adultos; algunas niñas, además, fueron víctimas de abusos sexuales por parte de integrantes de las patotas represivas.

 

El antecedente “Laguna Paiva 1”.

El antecedente inmediato de lo que va a ser el juicio conocido como Laguna Paiva 2 es “Laguna Paiva 1” o causa Chartier, que culminó el 7 de julio de 2021 con la condena de seis ex integrantes del aparato represivo policial que operó en el Departamento de Informaciones D2 de la Unidad Regional I y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de la ciudad de Santa Fe. Los hechos juzgados se situaron principalmente entre febrero y abril de 1980, durante la última dictadura cívico-militar argentina, y tuvieron como objetivo desarticular la agrupación sindical “La Lucha”, integrada por trabajadores del Frigorífico Nelson y vinculada al PRT. Las víctimas de este juicio fueron en su mayoría obreros, ferroviarios y militantes sindicales oriundos de Laguna Paiva, entre ellos Arnaldo Catalino Páez, referente regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

 

Los testimonios producidos permitieron corroborar que la persecución desplegada por las fuerzas represivas para dar con Arnaldo Catalino Páez se extendió a todos sus hermanos y a sus respectivas familias, en distintas localidades, en febrero de 1980, con el objetivo no sólo de obtener información sobre su paradero, sino de castigar de modo ejemplificativo a toda la familia.

 

Entre marzo y abril de ese año se produjo además el secuestro de otros ocho compañeros de militancia de Catalino, quienes fueron secuestrados y trasladados a la comisaría 13ª de Laguna Paiva, a dependencias de Villa Constitución, a las seccionales 1ª, 3ª y 5ª de Santa Fe, así como a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y en el Departamento de Informaciones D2, donde se consumaron torturas.

En el primer tramo del proceso fueron condenados Germán Raúl Chartier, Jefe de la División de Informaciones Policiales URI (D-2), a 16 años de prisión; Eduardo Enrique Riuli, Oficial Ayudante en la División Informaciones policiales D-2, a 6 años y 6 meses; Rubén Oscar Insaurralde, Sargento en la División de Informaciones D-2, a 6 años; Fernando Sebastián Mendoza, Jefe de la Comisaría XIII de Laguna Paiva, a 5 años; Antonio Rubén González, Cabo en la División Robos y Hurtos, a 5 años; y Omar Epifanio Molina, Cabo en el Departamento Operaciones Policiales D-3, también a 5 años de prisión. 

Sobrevieientes, Querellantes, Organismos de Derechos Humanos, diversos sectores sociales y jurídicos consideraron que las penas resultaban bajas en relación con la gravedad de los crímenes: privación ilegítima de la libertad agravada por empleo de violencia y amenazas; y tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos.

 

Libertades anticipadas y sensación de impunidad.

Apenas dos meses después de la sentencia, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe concedió la libertad condicional a cuatro de los condenados: Riuli, Insaurralde, Mendoza y González. De esta manera comenzó a evidenciarse la tensión entre los estándares internacionales de persecución y sanción de delitos de lesa humanidad y decisiones judiciales que habilitaron morigeraciones tempranas de pena. 

Estas resoluciones profundizaron la percepción de impunidad y consolidaron la demanda de una respuesta judicial más integral, especialmente frente a los nuevos hechos investigados en el tramo posterior del proceso.

 

El caso de Riuli adquirió particular centralidad, en tanto tras la dictadura se había desempeñado como conductor de radio y televisión en Laguna Paiva, y su retorno a la vida en libertad en la misma localidad donde residen sus víctimas fue un factor de revictimización y de prolongación del daño psíquico. Aunque se le impuso la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de los sobrevivientes, la medida resultó ineficaz en el contexto de una ciudad pequeña. 

 

Movilización, denuncia y el Recurso de APDH 

La respuesta fue inmediata: se produjo una amplia movilización de los organismos de derechos humanos de Santa Fe, junto con diversas organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, que repudiaron en un acto frente a los Tribunales Federales la decisión de conceder libertades condicionales. La medida generó un profundo rechazo, no solo entre las víctimas directas, sino también en la militancia que acompañó el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

 

Esta reacción social tuvo también su traducción jurídica en el recurso de casación interpuesto por la querella de APDH Rosario. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al planteo y anuló las resoluciones que habían otorgado las libertades, al considerar que resultaban arbitrarias y que podían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino en relación con la sanción adecuada de los crímenes de lesa humanidad.

 

Asimismo la Querella, presentó la denuncia que dio nacimiento a esta nueva causa que tiene el eje central en las infancias con la novedosa incorporación del delito de abandono de persona en causa de Lesa Humanidad, siendo el primer precedente en el país.

 

Niños, niñas y adolescentes como víctimas directas

De la abundante prueba testimonial producida en el primer juicio —que conmovió y dio impulso a esta segunda elevación a juicio— surge con claridad la magnitud del despliegue del terrorismo de Estado contra tres familias enteras y, dentro de ellas, contra dieciséis niños, niñas y adolescentes.

El 8 de febrero, en la ciudad de Esperanza, María Ceferina Páez fue secuestrada junto a su esposo Luis Medina, dejando a sus cinco hijos sin cuidado. Días más tarde, su hija Susana Medina, de 13 años, también fue secuestrada, trasladada a la ciudad de Santa Fe y sometida a múltiples violaciones por integrantes del grupo de tareas.

 

El 12 de febrero, en Esteban Rams, Miguel Páez y su hija Graciela Páez, de 15 años, fueron torturados mediante la aplicación de picana eléctrica durante un operativo domiciliario realizado en presencia de sus hermanos y de su madre, Elba Medina. Posteriormente, Miguel, Elba y sus cinco hijos menores de edad fueron secuestrados y recluidos en centros clandestinos de detención.

En la misma lógica persecutoria se inscribe el secuestro de Ramona Isabel Páez, hermana de Catalino, ocurrido en febrero de 1980 en la localidad de Ceres.

 

El 15 de febrero, en Lima (provincia de Buenos Aires), Arnaldo Catalino Páez fue secuestrado junto a su esposa Juana Medina —quien se encontraba embarazada— y uno de sus hijos, Mario, de 14 años en ese momento. Los tres fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D2). Mario Páez presenció en el D2 los interrogatorios y torturas a los que era sometida su madre, así como el estado físico deplorable en que se encontraba su padre luego de haber sido brutalmente torturado. En la vivienda quedaron seis niños abandonados, entre ellos Mónica Páez, de 12 años, quien debió asumir el cuidado de sus cinco hermanos —el menor de apenas un año y medio— en el horno de ladrillos donde residían. El grupo de hermanos sobrevivió en soledad durante varias semanas, hasta que posteriormente fueron institucionalizados en la ciudad de San Nicolás.

 

Las conductas desplegadas contra niños y niñas constituyó una práctica sistemática orientada tanto a obtener información durante los interrogatorios a sus familiares como a consolidar un clima de terror en los lugares de cautiverio. La utilización de familiares —madres, padres, hermanos e hijos— durante los interrogatorios, mediante distintos mecanismos represivos ya acreditados desde la visita de la OEA en 1979, fue una práctica recurrente en los centros clandestinos de detención del país. 

En este caso, tanto el D2 como la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de la ciudad de Santa Fe formaron parte de esa metodología represiva. No se trató de episodios aislados atribuibles a la conducta individual de algún guardia de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el D2 o en la GIR, sino de una metodología integrada al sistema de represión ilegal implementado como política de Estado.

 

Lo particularmente significativo en este proceso es la gran cantidad de niños y niñas que resultaron afectados por el accionar represivo. En Laguna Paiva II se juzgarán de manera autónoma delitos cometidos específicamente contra niñas, niños y adolescentes en el marco del terrorismo de Estado. En este juicio, desde la Querella reclamamos que se reconozca a las infancias ya no como víctimas colaterales, sino como víctimas directas, con entidad jurídica propia y con derecho a ser oídas en esa condición.

Tras más de cuatro décadas de silencio e impunidad, muchas de estas personas han podido relatar el terror vivido durante su infancia en la última dictadura cívico-militar y hoy reclaman reparación y justicia.

 

El abandono como delito de lesa humanidad:

Un eje novedoso reside en la imputación del delito de abandono de persona como parte integrante del mismo plan criminal. Como consecuencia inmediata y previsible de la persecución, niños y niñas de entre uno y catorce años quedaron solos, sin resguardo adulto, abandonados a su suerte, expuestos a riesgos ciertos y prolongados.

 

Luego de la negativa del juzgado de instrucción de Santa Fe de reconocer este delito, ante la insistencia de la Querella de APDH en su recurso, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario  hizo lugar al planteo y resolvió que estos hechos debían investigarse y juzgarse como delitos de lesa humanidad. Esta calificación implica reconocer que el desamparo extremo en que quedaron las infancias formó parte del mismo entramado represivo y no puede escindirse del contexto estructural en que se produjo.

 

Los imputados.

La segunda fase del proceso amplía el marco de responsabilidad penal hacia actores que no fueron juzgados en 2021 o que enfrentan nuevas imputaciones por hechos no incluídos en aquel juicio, algunos vinculados específicamente a los crímenes cometidos contra las infancias. 

Entre los nuevos imputados se encuentra Víctor Hermes Brusa, quien acumula cuatro condenas por delitos de lesa humanidad. En 1980 se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe y posteriormente fue juez. Se le atribuyen los delitos de apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, tormentos y abandono de persona. Las víctimas lo señalan como partícipe en operativos de secuestro y como el funcionario que interrogaba a detenidos mientras se encontraban bajo tortura. Su inclusión profundiza la línea jurisprudencial que examina la inserción de estructuras judiciales en el engranaje represivo.

 

 

La lista sigue con Óscar Alberto Cayetano Valdez, abogado y ex integrante del D2. En el marco de Laguna Paiva 2 enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal y abandono de persona. El represor se encuentra ya condenado a prisión perpetua en la causa “Balla” y fue objeto de cuestionamientos los últimos años por violar su arresto domiciliario, lo que motivó reclamos de la querella de APDH para su traslado a una unidad penitenciaria común.

 

 

 Una invitación a seguir militando la memoria, la verdad y la justicia.

 

La audiencia preliminar del 18 de febrero de 2026 confirmó que el debate oral comenzará el próximo 29 de abril, con una audiencia semanal los días miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, presidido por Ricardo Vázquez e integrado por Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano. El proceso se desarrollará con una previsión aproximada de cincuenta testigos.

 

El transcurso del tiempo no extingue la obligación de investigar, juzgar y sancionar estos hechos, ni neutraliza sus efectos intergeneracionales. Quienes eran niñas y niños en 1980 son hoy adultos que decidieron comparecer y reconstruir judicialmente lo vivido.

 

Llega a esta etapa tras una dilación significativa, atravesada por el fallecimiento de uno de los imputados antes de la apertura del juicio, así como por la muerte de testigos relevantes y el deterioro de la salud de otros. Esta circunstancia refuerza la exigencia de una respuesta jurisdiccional que impida que la extinción física de imputados o testigos opere, en los hechos, como un factor de impunidad.

 

 

INFANCIAS Y DICTADURA

 INFANCIAS Y DICTADURA

     (*) Capítulo extraído del libro “Sembrando Memoria” – Ediciones El Periscopio 2023

 

Durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica en Argentina, las infancias también sufrieron el terror, el ensañamiento y la persecución del Estado.

Cientos de niñas y niños fueron secuestrados junto a sus padres y llevados a centros clandestinos de detención, donde padecieron vejaciones y torturas.

 

Más de 400 niñas y niños fueron apropiados ilegalmente y muchos de ellos hasta el día de hoy desconocen su verdadera identidad. Cientos de bebés nacieron en cautiverio, otros presenciaron los allanamientos, las detenciones ilegales, los asesinatos de sus padres y luego quedaron abandonados en la vía pública o en hogares estatales.

Las historias se entrecruzan, fragmentadas, a veces difusas, pero hay imágenes que se repiten: chicas y chicos que se criaron con sus abuelos, con sus tíos; crianzas en el exilio, en la clandestinidad. Ausencias difíciles de digerir, esperas interminables en cumpleaños, años nuevos, navidades.

Si bien los testimonios de las infancias y juventudes estuvieron presentes desde el Juicio a las Juntas en 1985, esto no tuvo su correlato en los tribunales. Pero algo comenzó a cambiar en la mirada de la justicia, en la que se comienza a vislumbrar un atisbo de reparación para estas niñas y niños -hoy adultos- que hasta el momento fueron citados a declarar por sus padres detenidos- desaparecidos, pero que también exigen memoria, verdad y justicia por los delitos de lesa humanidad que ellos mismos padecieron. 

 

En este marco, son varias las fiscalías a lo largo del país que vienen trabajando en este sentido, como las de Rosario, Tucumán, Córdoba, La Plata y recientemente Mendoza

 

En el Tribunal Oral de la ciudad de Santa Fe, durante mayo, junio y julio de 2021 se llevó adelante el juicio por la causa conocida como “Laguna Paiva” o “Chartier”, en la que se juzgaron y condenaron a seis ex policías provinciales por la privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados cometidos contra 11 personas y sus familias durante la dictadura. A lo largo de las audiencias quedó expuesto el ensañamiento y la vulneración de derechos que sufrieron 16 niñas y niños de entre 1 y 15 años que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

 

 

  

La historia de la familia Páez

 

“Vení que te quiero mostrar algo” le dijo el genocida Eduardo Riuli a Mario Páez. Después lo sacó de la celda y lo llevó frente a su padre, que estaba desfigurado por la tortura.

“¿Lo conoces? decime lo que sabés porque te va a pasar lo mismo”, lo amenazó. 

Cuando Catalino Páez vio a su hijo sonrió. Tiempo después Mario le preguntó por qué lo había hecho, “estaba contento de verte vivo” le respondió, “pensé que no te iba a ver más”.

 

Mario Páez, el hijo mayor de Catalino Páez y Juana Medina, tenía 14 años cuando una patota de más de veinte hombres armados irrumpió en el horno de ladrillos donde se escondían, a las afueras de Lima, provincia de Buenos Aires, el 15 de febrero de 1980. 

En el operativo se encontraba el genocida y ex juez federal, Victor Brussa y Eduardo Riuli, ex sumariante de la Policía de Santa Fe y animador de fiestas en Laguna Paiva. Mario lo reconoció por su voz inconfundible.

 

A su madre, que estaba embarazada de dos meses, la arrastraron de los pelos hacia la ruta, interrogándola por el paradero de Catalino. Después la llevaron al interior de la casa en la que vivían y la golpearon frente a sus hijos: Mónica de 12 años, Ramón de 10 años, Carlos Ignacio de 9 años, César de 6 años, Alberto de 5 años y Ceferino de un año y medio.

A Mario lo golpearon hasta desmayarlo, le apuntaron con una pistola y le dijeron bien clarito: “ojo con lo que hacés”.

 

Su papá era el último jefe regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T) Antes del golpe, Catalino había trabajado en el frigorífico Nelson de Laguna Paiva y junto a sus compañeros fundó la organización sindical “La lucha”. En 1976 cuando pasó a la clandestinidad junto a su esposa y sus siete hijos, escaparon por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, siempre trabajando en zonas rurales.

 

Ese mediodía, Catalino había salido al médico de la ciudad porque estaba enfermo. Llegó justo para ver la escena desde la ventanilla del colectivo, bajar y cruzar la ruta desesperado.

Mario y sus padres fueron encapuchados, engrillados y arrojados a un camión, donde también tenían secuestrado a Miguel, el hermano de Catalino. El hijo mayor del matrimonio y su tío fueron trasladados al Ex Departamento de Informaciones de la Policía de Santa Fe (D2) ubicado en Obispo Gelabert y San Martín, en pleno centro. Juana y Catalino fueron llevados primero a una casa junto al río, luego al D2  y posteriormente a la Ex Guardia de Infantería Reforzada (G.I.R).

 

Cuando la patota se retiró, Mónica Páez y el resto de sus hermanos quedaron abandonados en el medio del campo. Antes de que se los llevaran, su madre le gritó algo, pero ella no alcanzó a oírla.

Mónica reunió a sus hermanos más chicos y se fue a la casa de una vecina. Después se tomó un ómnibus hacia Zárate para pedir ayuda y se dirigió a la comisaría, pero le dijeron que se quedara tranquila. Cuando regresó a Lima, trabajó con Ramón para poder comer. Al tiempo fueron rescatados por la Cruz Roja y separados por un mes, hasta que su mamá fue liberada luego de firmar una declaración bajo tortura.

Mario cumplió sus 15 años en el centro clandestino de detención, fue liberado a mediados de abril de 1980.

 

 

 

II

El horror de los Páez no empezó ni terminó allí. El ensañamiento del terrorismo de Estado sobre el dirigente gremial derivó en la persecución, el secuestro y la tortura de casi todo su círculo íntimo y de nueve compañeros de militancia.

Era una familia numerosa, de trabajadores rurales oriundos del centro norte de la provincia. Tres hermanos Páez se casaron con tres hermanos Medina.

 

Para encontrar a Catalino, primero fueron por su hermana María Ceferina y su marido, Luis Santiago Medina, que estaba trabajando en una estancia cerca de Esperanza.

Cuando los milicos fueron a buscarla a su casa el 8 de febrero, María estaba a punto de irse a trabajar. Les pidió que no le hicieran nada frente a sus hijos, porque eran muy pequeños. Luego se sacó su uniforme de trabajo y se despidió de ellos. El más pequeño le pidió que le trajera chocolinas, María lo tranquilizó.

 

En ese momento, Ramona Beatriz de 15 años, María Susana de 13 años, Mario Luis de 11 años, Ramón de 8 años y Miguel de 7 años quedaron abandonados y en situación de vulnerabilidad. 

Miguel relató en las audiencias que 18 personas armadas ingresaron a su hogar. Su hermana María Susana, mencionó que dieron vuelta todo y que rompieron los colchones, pero que no encontraron nada, porque no había nada.

 

III

Después fueron a buscar a Miguel Páez y a su pareja, Elba Medina. El matrimonio vivía en Los Pocitos, un campo ubicado en el Departamento 9 de Julio, cerca de Esteban Rams. El 12 de febrero de 1980 un grupo de veinte hombres armados vestidos de civil los secuestró junto a sus cuatro hijos.

 

A Elba la metieron en el patrullero junto a Miguel Alfredo de 8 años, José Santiago de 5 años y Rodolfo de 2 años y los llevaron a la GIR. A su esposo y a su hija los torturaron en una casa de campo, mientras los interrogaban por Catalino.

 

Graciela Rita de 15 años, escuchó el ruido de motores y un disparo. Antes de que entraran a los gritos, la ataran y le vendaran los ojos, la hija mayor de Miguel y Elba alcanzó a ver una camioneta de la que sobresalían armas. Le preguntaron dónde se encontraba su tío, luego le ordenaron que se desvista, humedecieron una sábana, la ataron a una cama y le pasaron electricidad por el cuerpo.

 

“Les dije que mi padre había ido a verlos, a llevarles plata. Eran despiadados, estuvieron casi todo el día así. Después no vi más a mi familia. Llegando la noche me llevaron a la GIR y me pusieron en una pieza chica, pedía agua y no me daban”, declaró en las audiencias. 

A los días la trasladaron a una comisaría en donde le prometieron “que la iban a tratar bien”. Cerca suyo reconoció la voz de su tío, Luis Medina. A los 4 o 5 días la llevaron nuevamente vendada hasta la GIR. Después pudo ver a su mamá, a sus hermanos y a sus tías Juana, Marciana y Ramona.

Catalino Páez fue puesto a disposición del Ejecutivo Nacional y luego trasladado a Rawson, donde salió en libertad en agosto de 1984. En 2014, junto a su familia presentó una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, pero no llegó a presenciar el juicio, falleció en 2016.

Durante mayo, junio y julio de 2021, los genocidas Germán Raúl Chartier, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscar Insaurralde, Omar Epifanio Molina, Antonio Rubén González y Fernando Sebastián Mendoza, recibieron condenas de entre 20 y 6 años de prisión, todas de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta y perpetua.

 (*) por LUCÍA LUCERO

 

 

 

 

EL PRIMER JUICIO DE LAGUINA PAIVA

 Las crónicas del juicio reflejan las circunstancias y aportan información relevante

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 Conferencia de Prensa por el Juicio Laguna Paiva I

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