INFANCIAS Y DICTADURA
(*) Capítulo extraído del libro “Sembrando
Memoria” – Ediciones El Periscopio 2023
Durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica en Argentina, las infancias también sufrieron el terror, el ensañamiento y la persecución del Estado.
Cientos de niñas y niños
fueron secuestrados junto a sus padres y llevados a centros clandestinos de
detención, donde padecieron vejaciones y torturas.
Más de 400 niñas y niños
fueron apropiados ilegalmente y muchos de ellos hasta el día de hoy desconocen
su verdadera identidad. Cientos de bebés nacieron en cautiverio, otros
presenciaron los allanamientos, las detenciones ilegales, los asesinatos de sus
padres y luego quedaron abandonados en la vía pública o en hogares estatales.
Las historias se entrecruzan,
fragmentadas, a veces difusas, pero hay imágenes que se repiten: chicas y
chicos que se criaron con sus abuelos, con sus tíos; crianzas en el exilio, en
la clandestinidad. Ausencias difíciles de digerir, esperas interminables en
cumpleaños, años nuevos, navidades.
Si bien los testimonios de las
infancias y juventudes estuvieron presentes desde el Juicio a las Juntas en
1985, esto no tuvo su correlato en los tribunales. Pero algo comenzó a cambiar
en la mirada de la justicia, en la que se comienza a vislumbrar un atisbo de
reparación para estas niñas y niños -hoy adultos- que hasta el momento fueron
citados a declarar por sus padres detenidos- desaparecidos, pero que también
exigen memoria, verdad y justicia por los delitos de lesa humanidad que ellos
mismos padecieron.
En este marco, son varias las
fiscalías a lo largo del país que vienen trabajando en este sentido, como las
de Rosario, Tucumán, Córdoba, La Plata y recientemente Mendoza
En el Tribunal Oral
de la ciudad de Santa Fe, durante mayo, junio y julio de 2021 se llevó adelante
el juicio por la causa conocida como “Laguna Paiva” o “Chartier”, en la que se
juzgaron y condenaron a seis ex policías provinciales por la privación ilegítima
de la libertad y tormentos agravados cometidos contra 11 personas y sus
familias durante la dictadura. A lo largo de las audiencias quedó expuesto el
ensañamiento y la vulneración de derechos que sufrieron 16 niñas y niños de
entre 1 y 15 años que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
La historia de la familia Páez
“Vení que te quiero mostrar
algo” le dijo el genocida Eduardo Riuli a Mario Páez. Después lo sacó de la
celda y lo llevó frente a su padre, que estaba desfigurado por la tortura.
“¿Lo conoces? decime lo que
sabés porque te va a pasar lo mismo”, lo amenazó.
Cuando Catalino Páez vio a su
hijo sonrió. Tiempo después Mario le preguntó por qué lo había hecho, “estaba
contento de verte vivo” le respondió, “pensé que no te iba a ver más”.
Mario Páez, el hijo mayor de
Catalino Páez y Juana Medina, tenía 14 años cuando una patota de más de veinte
hombres armados irrumpió en el horno de ladrillos donde se escondían, a las
afueras de Lima, provincia de Buenos Aires, el 15 de febrero de 1980.
En el operativo se encontraba
el genocida y ex juez federal, Victor Brussa y Eduardo Riuli, ex sumariante de
la Policía de Santa Fe y animador de fiestas en Laguna Paiva. Mario lo
reconoció por su voz inconfundible.
A su madre, que estaba
embarazada de dos meses, la arrastraron de los pelos hacia la ruta,
interrogándola por el paradero de Catalino. Después la llevaron al interior de
la casa en la que vivían y la golpearon frente a sus hijos: Mónica de 12 años,
Ramón de 10 años, Carlos Ignacio de 9 años, César de 6 años, Alberto de 5 años
y Ceferino de un año y medio.
A Mario lo golpearon hasta
desmayarlo, le apuntaron con una pistola y le dijeron bien clarito: “ojo con lo
que hacés”.
Su papá era el último jefe
regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T) Antes del
golpe, Catalino había trabajado en el frigorífico Nelson de Laguna Paiva y
junto a sus compañeros fundó la organización sindical “La lucha”. En 1976 cuando
pasó a la clandestinidad junto a su esposa y sus siete hijos, escaparon por
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, siempre trabajando en zonas
rurales.
Ese mediodía, Catalino había
salido al médico de la ciudad porque estaba enfermo. Llegó justo para ver la
escena desde la ventanilla del colectivo, bajar y cruzar la ruta desesperado.
Mario y sus padres fueron
encapuchados, engrillados y arrojados a un camión, donde también tenían
secuestrado a Miguel, el hermano de Catalino. El hijo mayor del matrimonio y su
tío fueron trasladados al Ex Departamento de Informaciones de la Policía de Santa
Fe (D2) ubicado en Obispo Gelabert y San Martín, en pleno centro. Juana y
Catalino fueron llevados primero a una casa junto al río, luego al D2 y posteriormente a la Ex Guardia de
Infantería Reforzada (G.I.R).
Cuando la patota se retiró,
Mónica Páez y el resto de sus hermanos quedaron abandonados en el medio del
campo. Antes de que se los llevaran, su madre le gritó algo, pero ella no
alcanzó a oírla.
Mónica reunió a sus hermanos
más chicos y se fue a la casa de una vecina. Después se tomó un ómnibus hacia
Zárate para pedir ayuda y se dirigió a la comisaría, pero le dijeron que se
quedara tranquila. Cuando regresó a Lima, trabajó con Ramón para poder comer.
Al tiempo fueron rescatados por la Cruz Roja y separados por un mes, hasta que
su mamá fue liberada luego de firmar una declaración bajo tortura.
Mario cumplió sus 15 años en
el centro clandestino de detención, fue liberado a mediados de abril de 1980.
II
El horror de los Páez no
empezó ni terminó allí. El ensañamiento del terrorismo de Estado sobre el
dirigente gremial derivó en la persecución, el secuestro y la tortura de casi
todo su círculo íntimo y de nueve compañeros de militancia.
Era una familia numerosa, de
trabajadores rurales oriundos del centro norte de la provincia. Tres hermanos
Páez se casaron con tres hermanos Medina.
Para encontrar a Catalino,
primero fueron por su hermana María Ceferina y su marido, Luis Santiago Medina,
que estaba trabajando en una estancia cerca de Esperanza.
Cuando los milicos fueron a
buscarla a su casa el 8 de febrero, María estaba a punto de irse a trabajar.
Les pidió que no le hicieran nada frente a sus hijos, porque eran muy pequeños.
Luego se sacó su uniforme de trabajo y se despidió de ellos. El más pequeño le
pidió que le trajera chocolinas, María lo tranquilizó.
En ese momento, Ramona Beatriz
de 15 años, María Susana de 13 años, Mario Luis de 11 años, Ramón de 8 años y
Miguel de 7 años quedaron abandonados y en situación de vulnerabilidad.
Miguel relató en las
audiencias que 18 personas armadas ingresaron a su hogar. Su hermana María
Susana, mencionó que dieron vuelta todo y que rompieron los colchones, pero que
no encontraron nada, porque no había nada.
III
Después fueron a buscar a
Miguel Páez y a su pareja, Elba Medina. El matrimonio vivía en Los Pocitos, un
campo ubicado en el Departamento 9 de Julio, cerca de Esteban Rams. El 12 de
febrero de 1980 un grupo de veinte hombres armados vestidos de civil los
secuestró junto a sus cuatro hijos.
A Elba la metieron en el
patrullero junto a Miguel Alfredo de 8 años, José Santiago de 5 años y Rodolfo
de 2 años y los llevaron a la GIR. A su esposo y a su hija los torturaron en
una casa de campo, mientras los interrogaban por Catalino.
Graciela Rita de 15 años,
escuchó el ruido de motores y un disparo. Antes de que entraran a los gritos,
la ataran y le vendaran los ojos, la hija mayor de Miguel y Elba alcanzó a ver
una camioneta de la que sobresalían armas. Le preguntaron dónde se encontraba
su tío, luego le ordenaron que se desvista, humedecieron una sábana, la ataron
a una cama y le pasaron electricidad por el cuerpo.
“Les dije que mi padre había
ido a verlos, a llevarles plata. Eran despiadados, estuvieron casi todo el día
así. Después no vi más a mi familia. Llegando la noche me llevaron a la GIR y
me pusieron en una pieza chica, pedía agua y no me daban”, declaró en las
audiencias.
A los días la trasladaron a
una comisaría en donde le prometieron “que la iban a tratar bien”. Cerca suyo
reconoció la voz de su tío, Luis Medina. A los 4 o 5 días la llevaron
nuevamente vendada hasta la GIR. Después pudo ver a su mamá, a sus hermanos y a
sus tías Juana, Marciana y Ramona.
Catalino Páez fue puesto a
disposición del Ejecutivo Nacional y luego trasladado a Rawson, donde salió en
libertad en agosto de 1984. En 2014, junto a su familia presentó una denuncia
en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, pero no llegó a presenciar
el juicio, falleció en 2016.
Durante mayo, junio y julio de
2021, los genocidas Germán Raúl Chartier, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscar
Insaurralde, Omar Epifanio Molina, Antonio Rubén González y Fernando Sebastián
Mendoza, recibieron condenas de entre 20 y 6 años de prisión, todas de
cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta y perpetua.
(*) por LUCÍA LUCERO

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